La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, aseguró que si bien ha procurado implementar una serie de acciones para recibir a las personas provenientes de celdas judiciales, las medidas han chocado, una y otra vez, con las órdenes dictadas por jueces.
En estos momentos, 12 de los 13 centros institucionales que pueden recibir a las personas provenientes de celdas judiciales están imposibilitados de hacerlo, ya que sobre ellos pesan órdenes judiciales de cierre: CAI San José, CAI Antonio Bastida de Paz, CAI Gerardo Rodríguez, CAI Adulto Mayor, CAI Jorge Arturo Montero Castro, CAI Luis Paulino Mora, CAI Nelson Mandela, CAI Jorge Debravo, CAI Liberia, CAI 26 de julio, CAI Limón y CAI Carlos Luis Fallas.
Otros siete centros penitenciarios del país están destinados a poblaciones específicas que no permiten recibir hombres adultos indiciados: las Unidades de Atención Integral (que son solo para sentenciados), el Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Especializado Ofelia Vicenzi (que son para menores y adultos jóvenes), el Centro de Atención Específica (sentenciados de máxima seguridad) y el CAI Vilma Curling, que es para mujeres.
En esta coyuntura, Adaptación Social ha echado mano de movimientos de población entre centros para liberar espacios que permitan nuevos ingresos, pero frente a ello nuevas órdenes judiciales han exigido detener esos movimientos o incluso reversarlos.
De igual manera, ante la habilitación excepcional de espacios que se ha dispuesto para recibir a las personas que esperan en celdas judiciales, se han recibido nuevas órdenes judiciales que exigen no usar la infraestructura que poseen los centros según lo disponga la Dirección General de Adaptación Social (DGAS). Esta situación ocurrió recientemente en el CAI San José (18 de setiembre del 2020), el CAI Luis Paulino Mora Mora (15 de setiembre del 2020) y en el CAI Antonio Bastida de Paz (8 de setiembre del 2020).
Con este panorama, es materialmente imposible recibir los nuevos ingresos con la velocidad acostumbrada. Esta coyuntura fue explicada por la Ministra de Justicia y Paz ayer lunes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, por medio de un oficio que resume los impedimentos de actuación que recibe el Ministerio de Justicia y Paz por parte del propio Poder Judicial, a través de dichas órdenes judiciales.
“Al día de hoy, la DGAS se ve realmente impedida y disminuida en el margen de actuación que le establece la ley, pues al realizar el ejercicio diario de buscar un espacio dentro del sistema penitenciario para los nuevos ingresos de las personas remitidas por el Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública o de nuestras mismas oficinas del nivel semi institucional, del nivel atención en comunidad o de monitoreo electrónico, nos encontramos con las limitaciones impuestas, por un lado, por los cierres técnicos de los juzgados de ejecución de la pena, y por otro, por los cierres de ámbitos o centros enteros por las 63 órdenes sanitarias emanadas por el Ministerio de Salud en razón de la emergencia de COVID-19”, detalla la misiva.
Este oficio dirigido al Presidente de la Corte se suma a los que ha enviado la Jerarca a la Magistrada Patricia Solano desde el inicio, en marzo, de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, explicando la complejidad de la situación y realizando solicitudes concretas que podrían apoyar a la solución del mismo, entre ellas resolver la situación jurídica de los indiciados que tienen varios años en el sistema penitenciario sin recibir una sentencia o bien, optar por medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, tomando en cuenta las razones humanitarias que se derivan de una privación de libertad en momentos de pandemia, especialmente en los casos de medidas de este tipo que se dictan por 15 días o menos, por ejemplo.
“Si bien es comprensible que estos cierres técnicos pretenden disminuir los niveles de sobrepoblación o hacinamiento en un centro penitenciario específico, lo cierto es que no obedecen a ningún tipo de planificación global del sistema, lo que afecta directamente nuestra capacidad de gestión de todos los centros penales del país como un sistema y, por supuesto, los derechos de las personas privadas de libertad. Mientras un cierre técnico puede significar un beneficio para la población del centro que se ha cerrado, donde incluso hemos llegado a tener camas vacías. Por el otro lado, el costo y peso real de esta medida la sopesa la población privada de libertad que tiene que estar en otro centro penitenciario con niveles de hacinamiento crítico y sin acceso a estas camas vacías”, agregó la representante del Ejecutivo en las cartas dirigidas a las autoridades judiciales.
El Ministerio no ha dejado de realizar acciones en los últimos meses en relación con estos temas. Ha emitido resoluciones y directrices para que la DGAS avance con los reacomodos e ingresos de la población penitenciaria e incluso desde el mes de julio, antes de la acumulación de personas en celdas judiciales, se enviaron sin éxito solicitudes a los jueces de ejecución que han impuesto las medidas mencionadas con el objetivo de que revisaran las órdenes de cierre, especialmente en los centros que cuentan con espacios disponibles que podrían ser utilizados. No obstante, las órdenes de cierre se mantienen y se han recibido nuevas exigiendo deshacer lo actuado o prohibiendo el uso de espacios temporales.
“Este no es un problema del Ministerio de Justicia y Paz; es un problema del país y mientras todos los involucrados no tomen conciencia de su aporte a los problemas o a las soluciones, no será posible atenderlo de manera real. La pandemia solo ha venido a desnudar la situación”, concluyó la Ministra.