Esta tarde, la Ministra de Justicia y Paz, Marcia González, especificó en su comparecencia ante los diputados y diputadas de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico las cinco prioridades que definió para su gestión.
Las cinco prioridades definidas consisten en acciones para la mejora del sistema penitenciario; la elaboración de la Estrategia Nacional de Infraestructura Penitenciaria; el desarrollo de un programa de ocupación laboral para las personas privadas de libertad (Construyendo Oportunidades); la mejora en procesos para atender adicciones en los centros de atención institucional y el fortalecimiento de los programas para la prevención de la violencia y la promoción de la paz.
Definió como la apuesta principal en materia de seguridad ciudadana los esfuerzos para la prevención de la violencia. Destacó que el Viceministerio de Paz ha venido operando con pocos recursos, sobreviviendo con menos de un 1% del presupuesto de la institución.
“La mejor manera de contener el ingreso de personas en el sistema penitenciario costarricense es a través de la incidencia en la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia pacífica. La visión que compartimos el Presidente Alvarado y esta servidora es el invertir en las capacidades y fortalezas de cada individuo generando escenarios de vida positivos, que los alejen de las situaciones complicadas y delictivas” declaró la Ministra González a los legisladores.
El fortalecimiento de nuestras políticas de prevención de la violencia en nuestras comunidades y cárceles, de modelos de reinserción social es un deber que recae en todas las personas que vivimos en este país, incluidas las que tomamos decisiones representativas.
Con una mejora de gestión se logró fortalecer en un 40% el presupuesto para la inversión ciudadana del Viceministerio de Paz, acciones alineadas con las ya efectuadas por la cartera para reducir su gasto y contribuir con la contención del déficit fiscal; de este modo Costa Rica tendrá, por primera vez, una estrategia nacional para la prevención de la violencia y promoción de la paz social.
Además, González Aguiluz, anunció la elaboración de una Estrategia Nacional de Infraestructura Penitenciaria, ante el problema generado por el hacinamiento penitenciario, que fue recibido en una tasa de un 33%, y con una población privada de libertad que continúa creciendo.
El primer resultado de esta Estrategia será un diagnóstico de necesidades y de los recursos con los que se cuenta, para priorizar la inversión disponible. En esta materia, se estableció el objetivo de construir 3.000 nuevos espacios en los próximos años.
También se priorizará una mejora en la gestión del sistema penitenciario, para robustecer su solidez técnica. Esto incluye una revisión del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, a cargo de una comisión de alto nivel; un fortalecimiento del Instituto Nacional de Criminología (INC), para transparentar, modernizar y dar más solidez a sus decisiones; y reforzar la Unidad de Monitoreo Electrónico, con acciones que van desde la creación de un expediente digital, a mayores procesos de capacitación y coordinación.
Otra de las prioridades consiste en el desarrollo del programa “Construyendo Oportunidades” para ampliar la oferta laboral y las capacidades de las personas privadas de libertad, a efectos de tener más población ocupada, disminuir el tiempo ocioso e impulsar la construcción de herramientas para esta población.
Con este proyecto se estima que podría aumentar las plazas laborales destinadas a infraestructura en un 10% anual y generar ahorros de un 40% en proyectos de infraestructura.
La quinta prioridad es una mejora en procesos de salud en la población penal, específicamente con la atención de adicciones. Para ello se pondrá en marcha un plan piloto para construir cinco unidades terapéuticas en los Centros de Atención Institucional Carlos Luis Fallas (Pococí), 26 de Julio (Puntarenas), Jorge Arturo Montero (Reforma), el Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Vilma Curling, con una inversión de ¢693 millones, a cargo del Instituto de Control de Drogas (ICD). Además se gestiona un acuerdo de cooperación con el Instituto para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia (IAFA), que permitiría apoyo para la atención de estos centros.
Adicionalmente, la Ministra Marcia González solicitó apoyo a los Diputados y Diputadas para el trámite de proyectos de ley que considera estratégicos, como el bloqueo de la señal de telefonía móvil en centros penitenciarios.