Una comisión interinstitucional, impulsada por el Ministerio de Justicia y Paz, se encuentra diseñando, desde hace tres meses, una estrategia para bloquear la señal celular en los centros penitenciarios del país y evitar la comisión de delitos.
La comisión se reunió, por primera vez, el 1.° de julio del 2016 y participaron las operadoras de telefonía Claro, Telefónica (Movistar) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como diputados de la Asamblea Legislativa, representantes de los Ministerios de Justicia y Paz, Seguridad Pública, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y del Organismo de Investigación Judicial.
En esa ocasión, la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, junto con el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, expusieron la necesidad de trabajar, de manera conjunta, en la búsqueda de una solución efectiva. Desde entonces, se designó un equipo de asesores técnicos y expertos en el área de telecomunicaciones, tanto de instituciones públicas como privadas, para que diseñen la estrategia de bloqueo de señal inalámbrica en los centros penitenciarios.
Esa subcomisión de expertos está integrada por representantes del ICE, Claro, Movistar, Superintendencia de Telecomunicaciones, Policía Penitenciaria y un representante designado por la viceministra de Seguridad Pública, María Fulmen, para el diseño técnico de la estrategia, en virtud de que la propuesta resulta muy costosa y no debe afectar los derechos constitucionales de terceras personas.
Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, aseguró que existe buena fe por parte de las operadoras para trabajar en el sistema de bloqueo. Añadió que se están realizando todos los estudios técnicos y los avances, durante esos meses, han sido considerables.
Paralelamente, el Ministerio de Justicia y Paz y el Micitt presentaron, desde el 13 de abril del 2016, el proyecto de ley (N.° 19.932), que pretende bloquear la señal celular en las cárceles. Este texto añade un nuevo inciso al artículo 49 de la Ley N.° 8462, Ley General de Telecomunicaciones, del 30 de junio del 2008, para obligar a los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, a “adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios de telecomunicaciones al interior de los centros penitenciarios y de los centros penales juveniles, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento”.
Con el proyecto de ley se busca, precisamente, combatir la comisión de delitos a través de teléfonos celulares desde los centros penitenciarios, sin que esto implique una limitación al derecho a la comunicación que tienen las personas privadas de libertad, ya que estas conservan el acceso a la telefonía pública fija.