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• Conferencias, talleres, técnicas lúdicas y realización de proyectos en Centros Penales son parte de las actividades de sensibilización con respecto a esta problemática global
El Ministerio de Justicia y Paz es una de las instituciones que integran la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), instancia en la que tiene responsabilidades específicas en la prevención, la detección y la derivación de casos potenciales encontrados.
Para cumplir estos compromisos, es esencial la capacitación al personal del sistema penitenciario nacional. Por ello, se organizó un curso anual a cargo de la Maritza Ortíz, asesora psicosocial de la DIGEPAZ del Viceministerio de Paz, contando con la participación de especialistas de la Dirección General de Migración y Extranjería, Secretaría Técnica de la CONATT, la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y del Instituto Nacional de las Mujeres.
El curso está diseñado con una metodología participativa, favorecedora de condiciones que propician el análisis, la reflexión individual y colectiva, con miras a generar sensibilización en relación con la problemática y a promover cambios en la cultura institucional.
Con una duración de 32 horas, el curso del presente año se realizó desde la plataforma de la Escuela de Capacitación Penitenciaria, y culminó con la presentación de diversos proyectos de sensibilización, divulgación y propuestas de protocolos de detección y referencia sobre la problemática.
Los proyectos fueron ejecutados por el grupo de 14 participantes, con personal o población privada de libertad de los Centros de Atención Institucional Vilma Curling, San José, San Rafael, Reforma, Gerardo Rodríguez, así como de los CASI Liberia, La Mujer y OPAC Pococí.
La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos, una forma moderna de esclavitud en el siglo XXI, un delito que proporciona enormes ganancias a la criminalidad organizada. Deja a su paso gran cantidad de víctimas, que son utilizadas como mercancía, observándose una clara direccionalidad de género y edad en relación con ciertos fines.
Las condiciones de vulnerabilidad económica y social en el contexto de una sociedad de consumo, así como diversos patrones socioculturales que atentan contra los derechos humanos y facilitan la violencia en razón de género, edad, opción sexual, etnia, condición económica u otras formas de discriminación; así como la respuesta de las instituciones y sus políticas públicas, están relacionadas con la forma en que se desarrolla esta grave problemática en cada contexto.