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La implementación de las Nuevas Tecnologías como estrategia para el desarrollo de políticas públicas viene cobrando fuerza dentro de los métodos que hoy aplica el sector de la justicia para alcanzar niveles de competitividad.
Acabar con el papel y lograr la digitalización de toda la documentación existente es un reto que hoy se plantean las administraciones para mejorar el acceso a la justicia y generar en la ciudadanía la confianza en que los procesos tendrán una conclusión y no quedarán en el aire.
Así se afirmó durante el encuentro “Planificación estratégica y Gestión del cambio: las nuevas tecnologías y la administración de Justicia”, que se desarrolló en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en Cartagena de Indias (Colombia), los días 9, 10 y 11 de febrero de 2015.
Martín Antonio García, director general de Informática y Telecomunicaciones del Poder Judicial de Nicaragua, destacó el caso de su país como un ejemplo para replicar por los avances que lograron los últimos ocho años en materia de acceso a la justicia.
“Nuestra experiencia ha sido excelente. En Nicaragua logramos descongestionar la justicia. Anteriormente trabajábamos con máquinas de escribir, con archiveros, y bolsas de documentación que terminaban acumulándose en los pasillos. Desde el 2007, toda la información está disponible de manera electrónica. Y al haber más espacio libre, se mejora la atención a los usuarios”, explicó García.
Para la responsable del Gabinete del Secretario General del Ministerio de Justicia de España, Mar Gómez Arroyo, el tema de la agilidad, la rapidez y acortar los tiempos para el ciudadano, son puntos a favor que se traducen en que sus procesos se resolverán en menor tiempo.
Durante esta actividad -que reunió a funcionarios de Ministerios de Justicia, Procuradurías y demás organismos judiciales de países como Chile, Costa Rica, Honduras, España, México, Nicaragua, entre otros- se enfatizó en la importancia de acercar el Estado al pueblo, de facilitar el acceso a la justicia y de utilizar las redes sociales como instrumento para prevenir el delito.
José Ramón Antón, asesor en la Secretaría General de la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos), señaló que desde este organismo la justicia se concibe no sólo como un poder sino como un servicio público que acerca a la ciudadanía.
Así mismo, resaltó los avances logrados en la digitalización de documentos judiciales por parte de las administraciones de países como Perú, Chile y Paraguay.
Este encuentro se enmarca dentro de la línea “consolidar procesos democráticos y el Estado de Derecho”, en la orientación de fortalecer la estructura y los sistemas de gestión del sector públicos, del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.
Comunicado: aecid