Señora Presidenta, Ministros, Fiscales y altos representantes de organismos inter-nacionales
Señoras y señores
Muy Buenas tardes
En primer lugar quiero agradecer al Emir Su Alteza Jeque Tamim bin Hamad Al- Thani, así como al pueblo catarí, por su distinguida hospitalidad.
También quisiera extender un reconocimiento al señor Secretario General y al se-ñor Secretario Ejecutivo del Congreso por una magnifica organización.
Para Costa Rica fue sumamente honroso acoger en el 2014 la Reunión Preparatoria para este 13º Congreso.
Hoy, tengo el honor de dirigirles un caluroso saludo en nombre del Gobierno de la República de Costa Rica, en mi carácter de Ministra de Justicia y Paz, integrante además de la Conferencia de Ministros y Ministras de Justicia de Iberoamérica (COMIJB).
Estas palabras van dirigidas no sólo a los países de la región de América Latina sino a toda la comunidad internacional, ya que los desafíos que enfrentamos son globales y nos corresponde a todos propiciar los mecanismos para propiciar las soluciones.
El Foro más importante de la Política Criminal
Nos encontramos reunidos en el foro de Política Criminal más importante del mundo. Aquí, los funcionarios gubernamentales e internacionales de más alto ni-vel, unidos a los principales expertos en la materia, discutimos cuáles lineamientos guiarán las políticas de prevención y persecución del delito durante los próximos cinco años. Pero más importante aún, lo hacemos sobre un acuerdo que coloca a la protección de los derechos humanos, como la base del equilibrio entre preven-ción del delito y justicia penal. Sin duda tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos.
Medidas implementadas por Costa Rica en los últimos cinco años
Precisamente por ello, iniciaré mencionando brevemente las principales medidas tomadas por Costa Rica en los pasados cinco años, para implementar los acuerdos del anterior congreso en Salvador de Bahía.
La Prevención del Delito y la Justicia Penal dentro de la Agenda de Desarrollo, como ele-mentos centrales del Estado de Derecho.
Como país históricamente comprometido con la paz, la democracia y el Estado de-Derecho, Costa Rica observa con agrado que el presente Congreso tenga como tema general: la incorporación de la prevención del delito y la justicia penal dentro del programa de Naciones Unidas para el desarrollo social y económico.
Sin duda alguna, la coincidencia de este Trigésimo Congreso de Prevención del Delito y Justicia Penal, con el inicio de las discusiones para la agenda de desarrollo posterior al 2015, constituye una inmejorable oportunidad para ello.
Justamente por lo que significa esta oportunidad, por la responsabilidad que impli-ca este foro y por los principios que lo rigen; sentimos la obligación de aportar más que una rendición de cuentas y un asentimiento general de la actividad, y qui-siéramos proponer dos iniciativas o enfoques que puedan alimentar futuras discu-siones:
Primera propuesta: En cuanto a la doble dirección de la correlación Estado de Derecho y desarrollo.
Coincidimos plenamente en la existencia de un estrecho vínculo entre el Estado de Derecho y el desarrollo social y económico sostenible; se trata de elementos en correlación que se refuerzan mutuamente.
Sin embargo, nos preocupa que cuando se discute dicho vínculo desde la perspecti-va de la prevención del delito y la justicia penal, suele enfatizarse demasiado en una de las direcciones de la correlación. A saber, la necesidad de que exista un Es-tado de Derecho fuerte para que pueda haber desarrollo. Es decir, se suele encua-drar la relación desde el impacto negativo de la inseguridad en el desarrollo.
Si bien es incuestionable que la inseguridad, especialmente la asociada a la violen-cia y la corrupción, tienen efectos adversos al desarrollo, que incluso pueden impli-car retrocesos. Como país en vías de desarrollo hacemos un llamado para que se reconozca la importancia central del otro aspecto de la correlación: sin condiciones sociales y económicas mínimas, que posibiliten el desarrollo humano sostenible, resulta imposible disminuir la inseguridad a largo plazo.
De manera que el vínculo entre Estado de Derecho y desarrollo sostenible obliga a que, tanto en el estudio de los fenómenos como en la elaboración de políticas y estrategias de prevención del delito y justicia penal, se consideren ambas dimen-siones de la correlación. Lo que a su vez, demanda un equilibrio entre políticas y estrategias preventivas y represivas. Balance que en todo caso, debe tener como base, el respeto de los derechos humanos, tal y como se señaló en la Declaración de Salvador (12° Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Justicia Penal. Declara-ción de Salvador. Párr. 1.).
De manera particular, estamos convencidos que para consolidar el Estado de Dere-cho y alcanzar el desarrollo social y económico sostenible en los países de ingresos bajos y medianos, resulta ineludible: fortalecer los programas y estrategias de pre-vención del delito, fundamentalmente a través del mejoramiento y extensión de la educación, y el combate de las desigualdades.
Segunda propuesta:De manera similar, en cuanto a la cooperación internacional, en tanto Costa Rica en vías de desarrollo y ubicado en una zona geográfica donde es inevitable el con-tacto con el narcotráfico internacional, encontramos preocupante que la coopera-ción internacional se enfoque única o prioritariamente en el aspecto represivo de la justicia penal.
El enfrentamiento de la actividad ilícita del narcotráfico implica, de suyo, un incre-mento de la violencia y una constante presión corruptora de la institucionalidad. Lo cual en una región como la centroamericana, caracterizada por la fragilidad ins-titucional e importantes niveles de inseguridad ciudadana, tiene un grave impacto en el Estado de Derecho y el desarrollo humano.
Por ello, en vista del alto costo humano e institucional que significa la lucha contra el narcotráfico para los países centroamericanos, y que la mayor parte de las utili-dades de dicha actividad delictiva se obtienen en los mercados de destino, llama-mos a explorar la posibilidad de que los países desarrollados donde se ubica la de-manda, no sólo cooperen internacionalmente con asistencia técnica para la repre-sión del narcotráfico, sino también transfiriendo un porcentaje del producto del delito –como instó la Declaración de Salvador–(12° Declaración de Salvador. 12° Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Justicia Penal. Declaración de Salvador. Párrafo 35.) , pero para el desarrollo de pro-gramas preventivos que permitan, por medio de la educación, brindarle a los jóve-nes centroamericanos las oportunidades necesarias para que disfruten de un desa-rrollo humano sostenible.
Estimamos que tanto lo acordado en la Declaración de Salvador (Párrafos 25, 26, 35, 45 y 47.), como los artícu-los 14 y 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-nizada Transnacional y sus Protocolos; dan un sólido fundamento para que, a tra-vés de la ONUDD, se transfiera a los países de ingresos bajos y medianos, un por-centaje del producto del delito decomisado al narcotráfico en los países desarro-llados, dirigido específicamente al desarrollo de programas de prevención.
Señor Presidente, señores Ministros, Fiscales, funcionarios gubernamentales y de organismos internacionales, señoras y señores para ustedes las muestras de nues-tro respeto y estima. Éxitos en nuestros objetivos.
Muchas gracias.