Los dispositivos electrónicos de seguimiento en materia penal comenzarán a funcionar con 90 personas a quienes actualmente los jueces del Poder Judicial les impusieron arresto domiciliario.
Este lunes, inició el procedimiento formal de contratación directa de los brazaletes o tobilleras con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), lo que permitirá disminuir los altos costos del encarcelamiento diario.
El expediente, tramitado bajo el expediente N.° 2016CD-000097-0006900001, está a disposición del público en el sistema de compras Mer-link. La contratación se realizó de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 130 de su Reglamento, que permiten realizar contrataciones entre sujetos de derecho público.
Según se detalla, la contratación tendrá una modalidad según demanda, que permitirá al Ministerio de Justicia y Paz solicitarle, sin límite, a la ESPH la cantidad de dispositivos según las personas a las que los jueces del Poder Judicial les vayan imponiendo una pena de arresto domiciliario.
Actualmente, 72 hombres y 16 mujeres, distribuidos en todo el país, esperan por su brazalete o una tobillera electrónica para controlar la ejecución de su pena como se observa en el siguiente gráfico.
De acuerdo con el cartel de la contratación la ESPH deberá cumplir con 172 especificaciones técnicas, entre ellas, aportar los manuales de operatividad técnica del servicio, un centro de monitoreo 24/7, el software de transmisión en tiempo real de la ubicación de todos los dispositivos, los protocolos de captura y su funcionalidad con los cuerpos de Policía.
En el caso de los dispositivos, no deberán pesar más que 180 gramos, tener una apariencia discreta, materiales hipoalergénicos, emitir señales de alarma en caso de corte, ruptura o batería baja, ser a prueba de golpes, agua y humedad, contar con una batería que dure 24 horas con un tiempo de carga no mayor a dos horas y disponer de dos tarjetas SIM, don operadoras telefónicas distintas, para asegurar la redundancia en la cobertura de la información.
De igual forma, el dispositivo debe recolectar las coordenadas geográficas y transmitir la señal de posicionamiento global (GPS) por medio de una conexión vía red de datos a la central de monitoreo de forma permanente.
Requisitos para brazaletes electrónicos deben ampliarse
Actualmente, la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal (N.° 9271) establece requisitos muy rigurosos para utilizar los brazaletes, incluso, solamente concede al Poder Judicial la posibilidad de otorgarlos, sin que el Ministerio de Justicia y Paz pueda hacer uso de esta herramienta.
Incluso, la experiencia internacional de otros países como Uruguay, Chile, Alemania, demuestra que, en promedio, solo a un 4% de la población privada de libertad se le colocan los brazaletes.
Bajo ese panorama, los dispositivos electrónicos no vienen a resolver el problema del hacinamiento, sino que se convierten en una herramienta más para determinados casos, por ejemplo, cuando la pena no supere los seis años y no aplica para todos los delitos.
Por esa razón, el Ministerio de Justicia y Paz, paralelamente, trabaja en un proyecto de ley que permita ampliar los supuestos de aplicación del dispositivo electrónico, que permita convertirla en una solución, menos costosa que el encarcelamiento, para disminuir los niveles de sobrepoblación.