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La década de los años sesenta marcó en Costa Rica el inicio de un proceso de revisión y reforma a los argumentos legales que hacían posible la defensa de la sociedad de aquellas personas que por su comportamiento y actuaciones sociales generaban inseguridad al ciudadano común. Las autoridades políticas de aquellos momentos, informados de la necesidad de modificar los viejos instrumentos legales que regían la materia penal y la policial, así como los de la ejecución de la pena, congeniaron la necesidad de la construcción de nuevas instituciones sociales para la prevención del delito.
Iniciativas Legislativas y del Ejecutivo lograron ser ciertas en los años setenta, en el que Costa Rica tuvo un nuevo Código Penal y una nueva ley para la institución penitenciaria. Nace en mayo de 1971, la Dirección General de Adaptación Social. La Dirección General de Adaptación Social viene a sustituir al Consejo de Defensa Social que en la década de los sesentas había tenido en administración los establecimientos penitenciarios del país, así como el estudio y análisis de las personas que estaban en esas instituciones.
La nueva institución se organiza alrededor de las ideas de la reforma penitenciaria promovida por el Código Penal Tipo para América Latina y por las ideas de reforma penitenciaria promocionadas por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para el tratamiento del Delincuente (ILANUD), nuestra institución nace en un marco de ideas de cambio y de humanización de la pena y de tratamiento digno de la persona privada de libertad. Desde el principio los Derechos Humanos fueron el marco de referencia de las actuaciones institucionales, los y las funcionarios (as) se formaron dentro de este pensamiento procurando que el funcionario fuese un instrumento de cambio positivo para la persona privada de libertad.
El tiempo ha pasado y nuestra institución ha crecido de manera importante. Hemos crecido en infraestructura, en talento humano y hemos generado cada vez más oportunidades sociales para nuestra población meta. Se formalizaron las ideas del trato digno haciendo posible que cada vez más personas privadas de libertad puedan acceder a la educación primaria, a la secundaria y a la universitaria, se ha promovido el uso del tiempo como tiempo productivo a través del trabajo, se estimula la organización de la población penitenciaria en procura de una mejor calidad de vida, se favorece el contacto con el exterior de la prisión, promocionando la integración familiar y comunitaria.
Cada vez más la institución se proyecta como una instancia provocadora de cambios en la persona privada de libertad a través del buen trato, del respeto a la integridad física, al derecho de la salud, a una atención profesional de calidad y con funcionarios (as) cualificados y calificados para su trabajo, con el propósito de generar una integración futura de la persona privada de libertad a la sociedad, con los instrumentos o herramientas suficientes para permanecer en ella de forma productiva y asertiva.
Han transcurrido este ocho de mayo cuarenta y cuatro años, desde el momento en que las autoridades políticas del aquel momento, consideraron necesario formalizar a través de una ley la creación de una institución que tuviera como suyo el trabajo con las personas jóvenes y adultas que transgredían la ley.
La Dirección General de Adaptación Social, como institución encargada de la ejecución de la pena ha pasado diferentes momentos históricos que han marcado profundamente su pensamiento. En el principio, comprender que la cárcel no es un espacio de olvido, replantear el quehacer con la persona privada de libertad, comprendiendo que la persona presa tiene una oportunidad para el cambio, comprender que la persona humana independientemente de su situación legal, tienen derechos y asumir la tarea de dignificar a la víctima, como parte activa en el proceso de la ejecución de la pena.
Estas transformaciones se procuraron, en el momento que entendimos como institución que el trabajo con la persona privada de libertad debería ser un trabajo profesional y llevado a cabo por profesionales en el campo de ciencias sociales, de la educación, de la salud y del trabajo. También se comprendió que tener un cuerpode seguridad y policía capacitado y profesionalizado facilitaría el encargo social de la institución y favorecería el logro de una integración positiva de la persona privada de libertad a la familia, a la comunidad y a la sociedad en general.
Hoy tenemos nuevos retos, una institución con un sobreuso de los espacios de alojamiento, una institución con la necesidad de mejorar sus procesos de gestión en lo administrativo, en lo policial y en lo técnico-profesional. Pero al igual que en el pasado, somos una institución con capacidad para atender estos retos, porque tenemos la suficiente inteligencia y creatividad para hacer los cambios necesarios y así transformar la vorágine actual en una oportunidad para crecer y para mejorar.
Es menester de la institución recurrir a sus talentos para resolver los actuales retos, es probable que tengamos que iniciar un nuevo proceso de revisión y la construcción de una propuesta de trabajo, teniendo como horizonte al ser humano que se encuentra a nuestro cargo.
Despacho de la Ministra Dirección General de Adaptación Social