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Dar una respuesta coordinada a la problemática nacional sobre el hacinamiento carcelario fue el compromiso que asumieron las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia y Paz.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, y la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, firmaron el pasado viernes 12 de febrero, un convenio de cooperación dirigido a programas especiales.
Para Villanueva Monge, la firma del convenio representa una acción para el respeto a los derechos fundamentales de una población que, desde hace tiempo, viene clamando por mejores condiciones a su limitada condición.
“Nuestro Poder Judicial participa en la coordinación de soluciones para el problema del hacinamiento carcelario, con respeto a sus competencias, a la judicatura y a los derechos de las víctimas que no pueden verse expuestas ni perjudicadas con estas acciones”, destacó la máxima jerarca judicial.
Ella explicó que entre las acciones conjuntas se comprende la capacitación, un mayor impulso a la aplicación de las medidas alternas del conflicto, en los casos que correspondan y el estrechar las relaciones con los jueces y juezas de ejecución de la pena, quienes tienen a cargo el seguimiento del cumplimiento de las sentencias y de las condiciones de los privados de libertad en los centros penitenciarios.
“Reitero el compromiso de la defensa de los derechos de las víctimas, que han sido invisibilizados. En este ámbito, las medidas que beneficien a las personas privadas de libertad no pueden tener como resultado el riesgo a las víctimas ni limitación a sus derechos, así lo señala el convenio”, puntualizó la magistrada Zarela Villanueva.
La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, destacó que la firma de este convenio evidencia la importancia de integrar esfuerzos entre distintas instituciones.
“Este convenio permitirá un trabajo articulado. Se podrán generar programas para la discusión, sensibilización, el debate y el suministro de información útil para un mejor control de la ejecución penal, la capacitación de los y las funcionarias y el apoyo de proyectos de ley. Los problemas de la justicia penal y del sistema penitenciario deben ser resueltos desde la óptica de una visión de Estado”, afirmó Sánchez Romero.
Ambas entidades asumen la responsabilidad de cumplir con las acciones que detalla la cooperación interinstitucional, siempre bajo el respeto absoluto de las competencias legales que rigen a cada institución.
Uno de los principales objetivos del Convenio de Cooperación para Programas Especiales, es promover un máximo aprovechamiento de los recursos disponibles por el Estado, para la atención, asesoría y acciones en el campo de la justicia.
Cabe destacar que las autoridades se comprometieron a la elaboración de instrumentos que permitan reducir el nivel de hacinamiento en los diferentes Centros de Atención Institucional del país de manera coordinada y con respeto a las decisiones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia.
El trabajo coordinado también tiene como objetivo mejorar las condiciones de ejecución de la pena y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población privada de libertad, el debido resguardo de los derechos de las personas víctimas en cada caso concreto y asegurar la eficiencia en la ejecución, por parte del Ministerio de Justicia y Paz, de las órdenes giradas por las dependencias judiciales.
La cooperación interinstitucional comprende el intercambio de información dentro del marco legal vigente, profundizar en conocimientos especializados y promover el asesoramiento. Además de favorecer la comunicación fluida entre las dependencias judiciales y del Ministerio de Justicia con la ciudadanía.
También se promoverán espacios permanentes de coordinación con determinadas oficinas judiciales y del Ministerio; así como abrir espacios de debate y reflexión desde la perspectiva de un Estado Constitucional de Derecho.