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Las dos muertes ocurridas esta semana en el CAI La Reforma, evidencian que el hacinamiento puede también generar problemas de violencia, pues se limita la posibilidad de ubicar a las personas en los espacios que, según cada perfil, corresponderían. Así lo explicó la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, este jueves durante una conferencia de prensa realizada en ese centro penitenciario.
La ministra detalló que, durante el año pasado, solamente se registró un homicidio en el CAI La Reforma, por lo que es lamentable que, comenzando el 2016, se hayan producido estos dos eventos aislados. Del 2010 al 2015, hubo 29 homicidios en los centros penitenciarios, lo que representa una cifra muy baja en relación con el total de privados de libertad.
Actualmente, los 13 centros de atención institucionales albergan 13.243 personas en espacios con capacidad para 9.130, lo que provoca una sobrepoblación del 45%.
Con respecto al presunto autor del primer homicidio, se trata de una persona sumamente joven, la cual fue reubicada al Ámbito de Máxima Seguridad. Él comenzó a descontar una pena de cuatro años en el 2014 y, en noviembre del 2015, recibió una pena de 50 años por homicidio que, actualmente, se encuentra en fase de apelación.
No obstante, la ministra Sánchez puntualizó que a esa información no se tuvo acceso, dado que lo normal es que el Poder Judicial comunique las resoluciones cuando adquieren firmeza. En ese sentido, señaló que los hechos ocurridos aconsejan establecer nuevos mecanismos de comunicación con los tribunales. Aunque la práctica judicial resulta razonable dado que para efectos penitenciarios las sentencias solo tienen efectos una vez que estén firmes, para evitar situaciones como las sucedidas, se conversará, aprovechando las relaciones de cordialidad y colaboración que siempre han existido entre los poderes del Estado, para que se suministre ese tipo de información cuando resulte conveniente para brindar una mejor ubicación a la persona sentenciada.
En el caso del segundo homicidio, la ministra señaló que se trató de personas privadas de libertad que eran expulsadas de todos los ámbitos por otros compañeros, lo que generó problemas de convivencia y dificultades para su instalación. Esto implicaba una rotación en distintos módulos, pues el sistema no dispone de áreas específicas para aislar a ciertas personas que no cuentan con las habilidades para convivir con el resto de compañeros, justamente porque ya los espacios están ocupados.