San José, 30 de junio del 2016. Ante las declaraciones del diputado Mario Redondo, sobre lo que considera una supuesta ‘ligereza’ en los análisis y estudios por parte del Instituto Nacional de Criminología y los equipos técnicos interdisciplinarios de los centros de atención institucional, ese órgano colegiado desea manifestar lo siguiente:
1. Los informes emitidos para resolver reubicaciones de población no responden a un procedimiento donde se actuó con ligereza, cada caso implicó una revisión minuciosa del expediente administrativo de cada persona, donde se registra la atención técnica brindada y la respuesta a la misma. Concretamente, fueron motivo de revisión, aspectos sobre el desenvolvimiento, ajuste a la normativa institucional y la condición jurídica. Este proceso minucioso implica una inversión de horas en cada caso para determinar el ajuste a las exigencias establecidas en las circulares emitidas. Además, se exploran las redes de apoyo familiar y laboral fundamentales en el proceso de selección. En cuanto a la revisión del recurso de apoyo domiciliar, el personal de Trabajo Social realizó entrevistas directa a las personas que figuran como soporte ante un eventual egreso para determinar su disposición, nivel de criticidad sobre la conducta delictiva del valorado y explorar que no medien incidentes de violencia que ubique en una condición de riesgo al valorado u otro miembro de su grupo familiar.
2. El trabajo que se realiza, como funcionarios penitenciarios, se nutre de una intervención interdisciplinaria, conformada por equipos de trabajo, constituidos por profesionales en Psicología, Trabajo Social, Orientación, Derecho, Salud, Educación, personal de seguridad, entre otros, quienes, producto de una revisión integral, emiten una recomendación al Instituto Nacional de Criminología para mejor resolver. Los casos referidos de los centros son nuevamente motivo de revisión y análisis para determinar o no la ubicación en otro programa de menor contención.
3. Por lo anterior, no es cierto, según declaraciones públicas del señor diputado Redondo que un solo profesional de cualquiera de las áreas en Derecho, Trabajo Social, Orientador o de Seguridad, haya emitido la recomendación de 200 personas en un lapso de siete semanas. Para citar un ejemplo, el CAI Gerardo Rodríguez conformó varios equipos de trabajo, donde solo por parte de la disciplina de Trabajo Social participaron en el proceso ocho profesionales: cinco funcionarias destacadas en el centro y un refuerzo de tres más de otros centros. Estos funcionarios, en forma responsable, y pese a los volúmenes de trabajo de todos los centros, colaboraron para cumplir con las exigencias del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela.
4. Finalmente, afirma el legislador en un comunicado de prensa que no se cumplieron con los requisitos de la circular en materia de exigencias legales, lo cual resulta falso. Se puntualiza sobre egresos de personas que no han cumplido “ni con la mitad de la pena”, no siendo este un requisito establecido en las circulares emitidas por el INC, que claramente establece considerar casos de personas privadas de libertad con sentencias inferiores a los siete años, entre otros aspectos contemplados en esta materia, como bien se hizo de conocimiento vía escrita al diputado Redondo por parte de este Instituto.