La reforma a la Ley General de Telecomunicaciones para prohibir la señal celular en los centros penitenciarios del país no dejará incomunicados a los policías y a funcionarios de estos.
No tienen sustento los reclamos de las organizaciones sindicales, la Unión Nacional de Trabajadores (UTN) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en el sentido de que los policías penitenciarios no fueron consultados, o que los funcionarios que laboran en las cárceles quedarán incomunicados.
Precisamente la Policía Penitenciaria ha sido un pilar de este proyecto. El Director Pablo Bertozzi ha participado activamente en su construcción, y ha explicado que el bloqueo de la señal celular ayudará a que la labor de vigilancia sea más efectiva.
Debe tomarse en cuenta que este proyecto presenta dos fases para su concreción: la legislativa, en la que el proyecto se analizó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, con los aportes de los sectores consultados por los diputados y diputadas de la República.
La segunda etapa es la elaboración del reglamento. En este segundo tiempo se involucra la voz de actores. Los Ministerios de Justicia y Paz, Seguridad Pública y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, los operadores de telecomunicaciones y la Policía Penitenciaria en la figura de don Pablo Bertozzi elaborarán este reglamento en un período de nueve meses. El pasado lunes 13 de agosto se realizó un primer acercamiento entre partes.
Debe quedar claro que el personal de los centros penitenciarios no quedará incomunicado. Hay teléfonos fijos y radios en cada uno de estos centros. Adicionalmente, debe indicarse que la Dirección de la Policía Penitenciaria se prepara para mejorar sus equipos de comunicación, pero la definición en esta materia deberá esperar las medidas tecnológicas que se adaptarán para realizar el bloqueo. Esto se concretará en la comisión que redactará el reglamento para la ley en un período de nueve meses.
Desde el inicio de la presente administración, se mantiene un diálogo oportuno entre las partes técnicas, políticas y operativas que se ven involucradas en la conformación de esta Ley. El Ministerio de Justicia y Paz, como institución encargada del sistema penitenciario costarricense, mantiene como uno de sus objetivos mejorar la seguridad ciudadana y no afectar a los colaboradores públicos y población en general.