Desde el Ministerio de Justicia y Paz se han estado ejecutando acciones con el propósito de enfrentar y combatir con responsabilidad, la grave situación del hacinamiento penitenciario en nuestro país.
Desde el año 2008 con la creación de los Tribunales de Flagrancia y posteriormente con la eliminación de las contravenciones en el año 2009, mediante la Ley 8720, el índice de hacinamiento global en el sistema penitenciario ha crecido desproporcionadamente, llegando al día de hoy al 51% en términos generales.
Una de las metas de la presente Administración para el año 2018, es lograr disminuir al menos al 20% de hacinamiento en los Centros de Atención Institucional, que es el máximo aceptable según pautas internacionales y recomendaciones de agencias de la ONU.
Pese a las dificultades que genera el hecho de contar con una planilla deficitaria, 262 técnicos aproximadamente, y a un cuerpo policial reducido que está conformado por 3519, el Ministerio de Justicia y Paz ha emprendido múltiples esfuerzos en el marco del fortalecimiento de la Policía Penitenciaria, ejecutando acciones contundentes en materia de salarios, establecimiento de rangos jerárquicos y estructuras de mando, mantenimiento de la flota vehicular y equipos de comunicaciones, así como enfrentar graves rezagos en el pago de horas extras.
La jerarca de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, expuso esta tarde las principales acciones que se han ejecutado para combatir esta grave situación de hacinamiento.
Es así como en el marco de la Administración Solís Rivera, se han habilitado de mayo a la fecha, 1072 nuevos espacios para reclusión, distribuidos de la siguiente manera: 480 en La Reforma, 192 en Liberia, 240 en Pérez Zeledón y 160 en Puntarenas. Además, en abril próximo se dispondrá de un módulo nuevo con capacidad para 74 adultos jóvenes en La Reforma, lo que disminuirá el hacinamiento en el Programa Penal Juvenil. Asimismo, para el segundo semestre del presente año, se habilitarán 400 nuevos espacios en La Reforma y 100 en Pococí.
De igual manera, gracias a una acción conjunta entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, se destinarán ¢11.283 millones de colones que permitirán la construcción de 24 nuevos módulos de mediana contención en La Reforma, que tendrán capacidad para recluir a 1480 privados de libertad.
Vale la pena destacar que en octubre de 2014, se logró desalojar el Ámbito D de La Reforma y se puso en sitio seguro a más de 750 reclusos, debido al riesgo de incendio que se originaba por las pésimas condiciones de infraestructura y ante el cual, administraciones anteriores no desplegaron ningún tipo de acción.
También se dio el cierre de la cárcel de San Ramón debido al alto riesgo que representaba su diseño arquitectónico, inadecuado para la seguridad e integridad física, tanto de los privados de libertad como de funcionarios y visitantes. Al finalizar el año 2014, la Dirección General de Adaptación Social tramitó 2604 desinstitucionalizaciones.
Al día de hoy, la población privada de libertad es de 14.136 personas, distribuidas en las 13 cárceles del país y en los dos centros pertenecientes al Programa Penal Juvenil.