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La magistrada Nancy Hernández y el magistrado Fernando Cruz, integrantes de la Sala Constitucional, visitaron este miércoles el Centro de Atención Institucional La Reforma, para constatar si se cumplieron las acciones necesarias para autorizar el uso del gas pimienta, en casos excepcionales, en el control de motines.
A solicitud de la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, los jueces constitucionales aceptaron realizar una audiencia oral y de inspección en el sitio para revisar la implementación del centro de monitoreo, en el edificio de la Policía Penitenciaria y la instalación de 86 cámaras en cuatro módulos del CAI La Reforma.
Adicionalmente, la Policía Penitenciaria elaboró un protocolo sobre el uso excepcional del gas irritante o pimienta como mecanismo para disolver motines, el cual fue revisado por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. En la visita de hoy, también se contó con la participación del director de este organismo, Róger Víquez.
Lo anterior surge como consecuencia de un recurso de hábeas corpus formulado por un privado de libertad, en diciembre del 2013, a raíz del uso de gas pimienta en el ámbito de Máxima Seguridad, lo que llevó a la Sala Constitucional, mediante voto N.° 14-007912, del 6 de junio del 2014, a establecer la prohibición de comprar y usar gas irritante o pimienta en el CAI La Reforma “hasta tanto la administración penitenciaria no cuente con sistema de grabación mediante cámaras de audio y video adecuado e idóneo en el que quede constando las circunstancias del uso excepcional de gas pimienta”.
La ministra Sánchez, junto con el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, y el director de Adaptación Social, Reynaldo Villalobos, acompañaron a los magistrados durante la visita al centro de monitoreo, así como los ámbitos D (Mediana Cerrada), C (Mediana Abierta), F (Máxima Seguridad Vieja) y E (Máxima Seguridad Nueva).
Ahora, la magistrada Hernández, quien instruye el caso, debe presentar un informe al pleno de la Sala Constitucional para que se resuelva si autorizan o no el uso del gas irritante en las circunstancias restringidas.
La ministra Sánchez agradeció a los magistrados por aceptar la visita para constatar de primera mano las condiciones en las que se encuentra la población y señaló que extenderá una invitación a los magistrados de la Sala Tercera y a los jueces penales para que igualmente visiten los centros penitenciarios y confirmen la situación en la que se encuentran recluidas las personas condenadas a prisión.
“La realidad penitenciaria debe ser de conocimiento público, pero particularmente de aquellas personas a quienes corresponde imponer la privación de libertad”, señaló la ministra Cecilia Sánchez.