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La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, expuso ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el presupuesto de esta cartera para el ejercicio económico del 2016 por ¢118.133 millones, el cual disminuyó en ¢1.726 millones en comparación con el presupuesto del 2015, es decir, un 1,4% menos. Esta reducción responde a la línea establecida por el Gobierno de la República para contraer el gasto.
Sin embargo, la gran demanda en materia penitenciaria, sumado a los elevados niveles de hacinamiento (51,94% al 9 de setiembre), implican que una disminución de ¢24.758 millones con respecto al monto solicitado inicialmente –debido a la grave situación fiscal que atraviesa el país–, impactará nuevos proyectos constructivos, compra de equipamiento policial y contratación de personal de seguridad y técnico para mejorar las condiciones de los centros.
Actualmente, de los ¢118.133 millones el 76,4% responde al programa de Administración Penitenciaria, 11,6% al Registro Nacional de la Propiedad, 8,2% a la Procuraduría General de la República, 2,9% a la Actividad Central y un 0,8% a la Promoción de la Paz.
En un ejercicio responsable, esta cartera decidió maximizar los recursos disponibles a las áreas de gestión más representativas y, por otro lado, redirigir las partidas de viajes al exterior (¢19,9 millones menos que en el 2015), viáticos en el extranjero (¢18,6 millones menos), capacitaciones (¢36 millones menos) y horas extras (¢1.322 millones menos), a la partida de bienes duraderos para la inversión pública.
No obstante, con el faltante de ¢24.758 millones, el mayor impacto se verá reflejado en el programa de la Administración Penitenciaria, lo que implica ¢5.730 millones menos para contratar personal nuevo, el cual es necesario para los 732 espacios carcelarios que se están construyendo con presupuesto del 2015 en La Reforma y Pococí, así como el personal para el plan de brazaletes. Esto significa un faltante de 654 plazas de vigilantes y técnicos, ya que solo se aprobaron 81.
Por otro lado, una disminución de ¢2.905 millones afectaría la adquisición de implementos de seguridad para la Policía Penitenciaria como uniformes, equipos de protección, cámaras de seguridad, bloqueadores de señales celulares, sistemas informáticos, entre otros.
Adicionalmente, un recorte de ¢2.940 millones limitaría la restauración y remodelación de edificios, fortines, oficialías de guardia, armerías y la construcción de cuatro unidades caninas en Pérez Zeledón, San Carlos, Limón y Liberia. Así mismo, la construcción de tres dormitorios de seguridad en Liberia, San Rafael y Pococí, en detrimento de las condiciones de más de 600 policías. Con este rubro, también quedaría limitada la remodelación de las cocinas en las cárceles de San Carlos y Cartago, incumpliendo órdenes sanitarias del Ministerio de Salud.
Finalmente, se requieren ¢5.175 millones para una intervención de los módulos de mínima seguridad de la cárcel La Reforma, pues la infraestructura sufre serios daños que requieren urgentemente una demolición y construcción.
La meta, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), es reducir la sobrepoblación a un 20% al final de este Administración. De cara a nuevos proyectos de infraestructura (24 nuevos módulos en La Reforma para un promedio de 1.700 espacios), así como las Unidades Productivas de la Unidad Ejecutora del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta cartera necesitará dotar de recursos para atender las necesidades de personal para la Policía Penitenciaria, administrativo y técnico (psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, abogados), así como recursos para servicios, materiales y otros afines a la gestión penitenciaria. Este personal debería de ser contratado con la antelación oportuna para recibir capacitación y entrenamiento para asumir sus funciones.
La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, consciente de las limitaciones presupuestarias, ha defendido la necesidad de establecer una política integral del Estado costarricense para fortalecer la prevención y redefinir la política criminal, de manera que los esfuerzos para bajar el hacinamiento y mejorar las condiciones de reclusión, requieren del apoyo de todos los sectores.