El Ministerio de Justicia y Paz trabaja permanentemente en solucionar el problema del hacinamiento con población indiciada, que se encuentra en celdas del Organismo de Investigación Judicial a la espera de ser ubicada en cárceles.
Solo la semana pasada, se ubicaron más de 100 personas desde las celdas del OIJ hasta los distintos centros penitenciarios del país. Este lunes, por ejemplo, se le comunicó al OIJ que trasladara 40 detenidos, la mayoría proveniente del primer circuito judicial de San José.
Igualmente, el miércoles de la semana pasada, el ministro de Justicia, Marco Feoli, solicitó una reunión al director del OIJ para exponerle las razones que han dado pie a esta situación y la necesidad de generar soluciones en conjunto.
No puede desconocerse que el único centro penitenciario del país para recibir población indiciada, el CAI San José, cuenta con una orden de cierre técnico, emitida por el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, que vence en abril próximo.
Este centro tiene capacidad para 560 espacios y cuenta con 865 personas, por lo que, en los próximos dos meses, deberán reubicarse 300 personas. Por esa razón, este Ministerio ha realizado diversas acciones con miras a que el Juzgado no clausure el establecimiento penitenciario.
En las próximas semanas, se habilitarán dos módulos para 104 personas en el ámbito de indiciados (ámbito F) del CAI Jorge Arturo Montero (La Reforma). Igualmente, con la futura apertura de la Unidad de Atención Integral 20 de diciembre, en Pococí, se trasladará población del CAI Carlos Luis Fallas a este sitio, lo que permitirá desocupar 125 espacios para población indiciada.
Igualmente, la institución cuenta con una Oficina de Vigilancia Electrónica para que los jueces puedan utilizar este tipo de medidas alternas en población indiciada de acuerdo con los supuestos que establece la ley. Actualmente, 141 personas esperan juicio con tobillera.
El problema del hacinamiento penitenciario no debe resolverse únicamente con espacios constructivos. Solo en el 2017, el Poder Judicial envió a prisión a 9.000 personas, de las cuales, el 60% fue por prisión preventiva, el 30% por pensión alimentaria y solo un 10% con sentencia en firme.
Cada mes, se acumulan cerca de 200 detenidos por prisión preventiva, lo que implica tener que construir, con los impuestos de todos, una cárcel como la de San Sebastián cada tres meses.
Más de la mitad de las personas detenidas con prisión preventiva apenas permanece mes en la cárcel y, luego, le cambian la medida. Esto hace llamar la atención sobre la necesidad de apelar a la racionalidad y la proporcionalidad en el uso del instituto de la prisión preventiva.