La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, expuso, este miércoles, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los avances, obstáculos y retos que ha enfrentado el sistema penitenciario.
La comparecencia se realizó en el marco del 164 período extraordinario de sesiones, realizado en la Ciudad de México. Dicha audiencia fue convocada por la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), para que el país expusiera la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La ministra señaló a la CIDH que, al inicio de su gestión, las cárceles tenían un hacinamiento del 53% (hoy ronda el 25%) y la población sufría de afectaciones en su derecho a la salud, deporte, educación, trabajo, cultura y atención técnica, con una infraestructura deteriorada y prácticas inconvenientes de atención técnica que no permitían al personal técnico la necesaria cercanía con la población, lo que dificultaba comprender sus necesidades.
No obstante, hubo acciones afirmativas importantes como la construcción de espacios con un nuevo modelo de atención técnica, la introducción de la vigilancia electrónica, el cumplimiento de órdenes judiciales para reubicar población, el cierre de espacios de aislamiento y la reformulación del modelo de encierro en el régimen de máxima seguridad.
Igualmente, se presentaron proyectos de ley como el de penas de utilidad pública, la proporcionalidad de penas a mujeres, la introducción de racionalidad en delitos patrimoniales y la reforma a ley de mecanismos de seguimiento electrónico. De otro lado, se realizó un convenio con CEJIL para el diagnóstico de poblaciones vulnerables y mejorar los protocolos de atención.
En materia de inserción social, se aprobó la reforma a la ley de registro y archivo judicial para facilitar la búsqueda de empleo, se creó una Oficina de Inserción Social para dar acompañamiento pospenitenciario, se firmaron convenios con instituciones del Estado, universidades, ONG, equipos deportivos, se aprovechó el nuevo modelo constructivo para tener residentes femeninas con varones, compartiendo espacios de formación educativos y laborales, y se inició la elaboración de una política penitenciaria como política pública.
Obstáculos y retos. La ministra recalcó los obstáculos que se ha enfrentado, como el acoso mediático, el cuestionamiento permanente, la rendición de cuentas ante informaciones distorsionadas, amenazas personales a su integridad y el reiterado discurso populista que promueve el odio, la discriminación y exclusión de grupos vulnerables.
Entre los retos y desafíos para el Estado, la ministra postuló la necesidad de sostener en el tiempo, como política estatal, el respeto a la dignidad y derechos humanos de la población privada de libertad; superar el discurso populista, que prioriza el encierro como respuesta al conflicto, y continuar con construcción de una política criminal democrática.
Además, recalcó la necesidad de adoptar medidas normativas que racionalicen el castigo y prioricen las penas alternativas, de orientar las propuestas de arquitectura penitenciaria hacia modelos de baja contención, con condiciones de normalidad evitando los megacomplejos penitenciarios.
En esa misma línea, señaló que el país debe adoptar métodos modernos y racionales de atención a la drogadicción, construir protocolos diferenciados en el abordaje de poblaciones vulnerables y mantener un uso restrictivo de la prisión preventiva, que supere los criterios como la reincidencia, flagrancia y alarma social.
En la delegación, la ministra estuvo acompañada por Eugenia Gutiérrez, directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.