Clic sobre la imagen para ver la galería
Tres megaproyectos en camino por $66,1 millones habilitarán 25 módulos para 1.600 privados de libertad en el 2017
San José, 27 de junio del 2016. Los avances en la construcción de una nueva cárcel en San Rafael (Alajuela), llamada Unidad Productiva, ya son notables dentro del complejo La Reforma.
Esa construcción albergará 704 privados de libertad con opciones de trabajo y estudio. La inversión por esas obras de 10.000 metros cuadrados será de $22,8 millones, financiados con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Las unidades productivas son espacios que responden a un modelo de atención, gestión y seguridad bajo los más altos estándares internacionales de calidad que los diferencian de las prisiones tradicionales.
Los diseños arquitectónicos incluyen espacios concebidos como una pequeña ciudad, lo más parecida a la vida en libertad, con recintos para la educación, formación laboral, talleres productivos y atención interdisciplinaria.
Eso permitirá a las personas privadas de libertad aprovechar y ocupar el tiempo, facilitando su reingreso a la sociedad.
Existen otros dos proyectos de unidades productivas en marcha: el primero, en Pérez Zeledón, que tiene un costo de $17,8 millones; el contrato ya está firmado y muy pronto comenzarán las obras para 256 personas.
El segundo, en Pococí, permitirá albergar 640 personas en un complejo cuya inversión ronda los $25,5 millones.
Así, en el 2017, se espera contar con tres megaproyectos por $66,1 millones para habilitar 25 módulos para 1.600 privados de libertad.
Inicialmente, se construirían 1.408 espacios en total, pero el Ministerio de Justicia y Paz decidió redirigir los fondos que iban a ser destinados en los dispositivos electrónicos de seguimiento (conocidos como brazaletes) para utilizarlos ahora en la ampliación de más dormitorios para privados de libertad, debido a la crisis del hacinamiento penitenciario.
No obstante, el plan de brazaletes no quedará abandonado, sino que se realizará a través de un proceso de contratación administrativa enfocado en la participarán de empresas estatales.
Ese mecanismo de contratación permitirá reducir el costo del servicio, ya que en manos de una empresa privada puede sobrepasar los $30 diarios por dispositivo –por privado de libertad– y, según los estudios que se han realizado desde la institución, una empresa del Estado puede ofrecer el servicio a un precio mucho menor, cercano a los $18 o menos.
Siendo así, los $1,5 millones del empréstito con el BID, presupuestados para brazaletes, ya se incluyeron en el fortalecimiento del proyecto de unidades productivas y el Ministerio asumirá el proceso de contratación con recursos propios en alianza con alguna institución pública.