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El Ministerio de Justicia y Paz se encuentra en el proceso de construcción de una política pública penitenciaria para los próximos años, que define el marco ideológico y estratégico del abordaje a la población privada de libertad, al mismo tiempo que redefine los roles de algunas áreas, el proceso de selección y formación profesional y la infraestructura penitenciaria.
El miércoles anterior, se realizó el segundo taller con privados de libertad de los programas Institucional y Semiinstitucional, para que pudiesen brindar insumos que alimenten la política. Con ellos, se abordaron temáticas relacionadas con la infraestructura, la atención técnica, el tratamiento en salud, seguridad, entre otros aspectos.
La población identificó la necesidad de mejorar la infraestructura de las y los policías penitenciarios, al considerarlos parte del proceso de atención y ser el contacto más cercano a ellos.
La política penitenciaria tendrá como ejes el desarrollo humano, las condiciones físico-estructurales y la prevención del riesgo y reducción de la violencia. Este taller se realizó en la Escuela de Capacitación Penitenciaria y contó con la participación de la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, la subdirectora de Adaptación Social, Yamileth Valverde, y otros funcionarios del sistema penitenciario.
“Hay que posibilitar condiciones de desarrollo humano, para hacer de la ejecución de la pena un mecanismo que privilegie la educación y el trabajo, para que posteriormente, en la fase de egreso, las personas puedan ir acompañada de una instancia del Ministerio de Justicia y Paz, que es la Oficina de Inserción Social.
"Nuestros compañeros de la Policía Penitenciaria deben convertirse en acompañantes del proceso de generar condiciones de desarrollo humano, junto con los equipos técnicos. Ya no deberíamos llamarle ‘tratamiento’, sino ‘acompañamiento técnico’. Este abordaje debe de realizarse en función de las condiciones de cada persona y no del delito que cometieron. Nos debe interesar más la persona, su entorno y su capacidad de respuesta frente a las oportunidades que el sistema les brinda”, expresó la ministra Sánchez.
De otro lado, aseguró que impedirá que se construyan megacomplejos carcelarios, en los que se recluyan 3.000 personas, con carencia de espacios para el estudio y el trabajo. Por el contrario, la política incluye una nueva visión, con la cual cualquier modelo de infraestructura asegure instalaciones para el trabajo, el estudio y la formación técnica.
Según añadió, es necesario apostar por casas de oportunidades para reproducir las condiciones de normalidad. Las Reglas Nelson Mandela, de las Naciones Unidas, señalan que debe cumplirse la pena de prisión en condiciones muy cercanas a lo que sería la vida en libertad. Si se les segrega y aísla, no habrá una preparación para el regreso al medio social.
La ministra apuntó la necesidad de reorganizar la institución. Enfatizó el cambio necesario en el modelo de selección del personal que trabaja en las cárceles con el fin de filtrar aquellas personas cargadas de prejuicios, estereotipos y estigmas que atenten contra la población privada de libertad.
De igual forma, acotó la importancia de plantear un abordaje para la población sexualmente diversa, para las mujeres, indígenas, jóvenes y adultos mayores. “Cada población debe ser abordada en su contexto particular. Es un proceso complicado, pero es más complicado si no tenemos claro el norte”, afirmó Sánchez.
Finalmente, recalcó la importancia de que una política penitenciaria posibilite las alianzas institucionales, con universidades y empresas privadas, que permitan asegurar espacios laborales.
Esta política será presentada a finales de año, luego de un trabajo conjunto con distintos actores y servirá de insumo para las futuras administraciones del sistema penitenciario.