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Un trabajador dedicado a labores de mantenimiento penitenciario fue detenido esta tarde en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero cuando pretendía ingresar a un módulo con 10 teléfonos celulares ocultos entre sus herramientas.
El Subdirector de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, manifestó que al colaborador le seguían la pista desde hace varios días gracias a informes recopilados mediante inteligencia policial.
“En el momento en que ingresó al módulo fue abordado por oficiales de la Policía Penitencia. Ellos le pidieron que les mostrara el bolso en el que llevaba sus herramientas”, indicó el jefe policial.
Aparte de los teléfonos, el trabajador llevaba 13 cargadores, 10 manos libres, 14 cables USB y dos baterías. El funcionario labora para el Ministerio de Justicia desde hace un año y tres meses. Antes de este incidente, en su expediente laboral no figuraban otras faltas. Debido a la naturaleza de sus funciones, el colaborador tenía acceso a todo el centro penitenciario.
“Cabe reiterar que el Ministerio ha mantenido una posición clara y firme de no tolerar actos de corrupción. Seremos contundentes con aquellos servidores que actúen en contra de la normativa”, advirtió el subdirector.
El Director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, dijo que el caso ya fue remitido a la Asesoría Legal para dar inicio al debido proceso. Como medida cautelar solicitó la suspensión del colaborador.
Con lo incautado esta tarde ya suman 44 los teléfonos decomisados, esta semana, en ese centro penitenciario. La Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz también participó en dos allanamientos solicitados por Fiscalía en coordinación con las oficinas regionales del OIJ de Alajuela y el OIJ de Puriscal para dar con los responsables de una serie de estafas.
Este año se han decomisado 1.962 artefactos electrónicos (sumados los 44 de esta semana) en los centros penitenciarios del país; 14.941 aparatos desde el 2015.
En estos momentos corre el plazo formal de nueve meses para que los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones implementen las soluciones tecnológicas necesarias para bloquear la señal celular en los centros penales del país.