El pasado 13 y 14 de octubre se llevó a cabo el I Simposio Familias y conflictividad social, las políticas sociales en la actualidad, actividad que se desarrolló en el Colegio de Trabajadores Sociales.
Durante la inauguración se contó con la presencia de la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, el viceministro de Justicia, Marco Feoli, la trabajadora social argentina, Lilliana Barg, la jefa del departamento de Trabajo Social del Poder Judicial, Roxana Mesén, así como de la presencia de Verónica Castro, coordinadora del Programa de Atención de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y de la Jefatura Nacional de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, Damaris González, entre otras personalidades.
Dentro de los temas que se expusieron fue la conflictividad social y su efecto sobre las familias, tema que abordó la invitada internacional, Lilliana Barg, quien manifestó estar en desacuerdo en el cambio de políticas públicas, relacionadas al tema de la familia, que se están dando en algunos países de Latinoamérica pues en su opinión retornan proyectos neoconservadores que apuntan al asistencialismo en lugar de la inclusión social.
Por su parte, la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, indicó que se debe trabajar por atender las causas de la violencia y aumentar la inversión en políticas públicas preventivas que recurran a otro tipo de sanciones diferentes al encarcelamiento.
El equipo interdisciplinario de Psicología y Trabajo Social del Centro de Atención Institucional Cartago en conjunto con la Jefatura Nacional de Trabajo Social y 24 trabajadores sociales de los diferentes programas del Ministerio de Justicia, dieron a conocer el trabajo que han realizado con ofensores domésticos y el trabajo global que se realiza con las con familias de las personas privadas de libertad desde la Dirección de Adaptación social.
Además, se contó con la participación del viceministro de Justicia, Marco Feoli, quien expuso sobre el tema de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.
Esta actividad fue organizada por Trabajo Social del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz y la Universidad de Costa Rica, además se realizaron actos culturales por parte de la población privada de libertad del CEA Joven y del CAI San Rafael.