El viceministro de Paz, Víctor Barrantes Marín, solicitó desde el jueves 23 de febrero al director de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia y Paz, revisar el incentivo salarial de prohibición que se le ha pagado y solicitó que se ajuste el mismo de un 65% a un 45% hasta tanto no emita un nuevo criterio la Procuraduría General de la República.
Adicionalmente, Barrantes expresó su total disposición de devolver la diferencia salarial en caso de que se concluya de manera distinta de lo actuado por la oficina administrativa de esta cartera.
El viceministro solicitó al director de Recursos Humanos que le explicara con base en qué normas y lineamientos se le pagó el 65% de prohibición. Dicha oficina confirmó que el criterio con base en el cual se le asignó el pago respectivo ha sido el mismo que se ha aplicado en situaciones anteriores. No obstante, a efectos de no persistir en el error, Barrantes solicitó renunciar a la diferencia salarial hasta tanto no exista una claridad satisfactoria.
“Mi solicitud surge a raíz de los acontecimientos sobre presuntos pagos erróneos que pudieran estar percibiendo algunos funcionarios públicos por concepto de prohibición. Habiendo realizado la consulta a la Dirección de Recursos Humanos, logré constatar que, en mi caso particular, el cálculo y la asignación del incentivo se realizó bajo criterios que han sido cuestionados y no es posible derivar de dicha respuesta que el procedimiento seguido haya sido históricamente el correcto, sino más bien que podría tratarse de un error recurrente y del cual podrían derivar responsabilidades”, afirmó Barrantes.
Por eso, la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, ordenó a la Asesoría Jurídica iniciar una investigación preliminar con el fin de determinar si existe responsabilidad de las personas involucradas, y paralelamente, atender los pronunciamientos que resulten de las consultas respectivas tanto a la Contraloría General de la República como a la Procuraduría.
“No estamos persiguiendo a ningún funcionario de esta Administración ni de Administraciones pasadas, sino que es necesario determinar si se ha venido haciendo un cálculo indebido, al amparo de una interpretación legal, que deberá corregirse, si es del caso, y gestionar las devoluciones que procedieran”, expresó la ministra Cecilia Sánchez.
Actualmente, la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (N.° 8422), de octubre del 2004, establece que a los viceministros les corresponde el pago de un 65% sobre el salario base, mientras que la Ley de compensación por pago de prohibición (N.° 5867), vigente desde diciembre de 1975, señala porcentajes diferentes, según el grado académico.
La consulta ante los órganos respectivos consistirá en determinar la aplicación de tales normas en el caso del viceministro, quien culminó el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica en el 2008 y obtuvo el grado académico de licenciado el 29 de febrero del 2016.