La población de este programa, a diferencia de la población del Programa Institucional, no está recluida en un centro cerrado sino que de acuerdo a determinadas condiciones criminológicas y socio personales debe cumplir distintos procesos de participación y de inserción en la sociedad.

Este nivel comprende todas aquellas acciones de atención caracterizadas por desarrollar diferentes modalidades de seguimiento a la población penal en la comunidad.

La ubicación y atención técnica en este Programa se concibe como la alternativa de desinstitucionalización para la persona a quien, previa valoración de su desenvolvimiento dentro de la prisión, se considera que reúne las características para continuar el cumplimiento de la sentencia condenatoria en otras modalidades de mayor participación en la comunidad.

Los centros de este Programa son denominados Centros de Atención Semi-Institucional y designados con la abreviatura CASI. Actualmente son 11 centros los que conforma el programa y son los siguientes:

Última Fecha de Actualización:24/05/2018 12:00pm

En este Programa se desarrollan todas aquellas acciones para la atención de población atendida que, ya sea por disposición judicial o del Instituto Nacional de Criminología, cumple un plan de atención con procesos de participación plena en la comunidad.

Este programa atiende la población beneficiada con la suspensión del procedimiento a prueba, medida alternativa a la prisión que tiene vigencia en Costa Rica a partir del 1 de enero de 1998.

Otro grupo de población atendida por este Programa y que también tiene una condición jurídica diferente, está conformado por aquellas personas a quienes la autoridad judicial ha dictado medida de seguridad de libertad vigilada.

El Programa tiene un total de catorce oficinas técnicas en todo el país, las cuales son conocidas como Oficinas el Programa de Atención en Comunidad (OPAC) y desarrollan acciones a población mixta (mujeres y hombres).

Última Fecha de Actualización:24/05/2018 12:00pm

Con la promulgación de la Ley N° 7576, Ley de Justicia Penal Juvenil, se estableció la Jurisdicción Penal Juvenil como un ámbito especializado de la administración de justicia así como los principios sustantivos y procesales en esta materia. Dicha ley empezó a regir del 30 de abril de 1996.

A partir de la vigencia de dicha ley, el sistema penitenciario también realizó modificaciones en el Programa de Atención a la Población Juvenil que existía hasta ese momento, el cual se denominaba Nivel de Niños, Niñas y Adolescente (NANA).

Actualmente el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil es el que atiende a las personas remitidas por las autoridades judiciales a quienes se les ha impuesto una medida privativa de libertad o alguna sanción socioeducativa por aplicación de la Ley Penal Juvenil.

Cuenta con un Programa de Sanciones Alternativas que brinda atención ambulatoria a población mixta y al cual le corresponde velar por el cumplimiento de aquellas Sanciones Socioeducativas y Órdenes de Orientación y Supervisión impuestas por la autoridad judicial.

Por otra parte, el Centro de Formación Juvenil Zurquí también atiende población mixta, a la cual la autoridad judicial ha impuesto una sanción privativa de libertad. Dicho Centro recluye la población de lo que antes fueron dos centros separados, el centro para menores varones Luis Felipe González Flores y el Centro para menores mujeres Amparo de Zeledón.

Última Fecha de Actualización:24/05/2018 12:00pm

Según el Decreto N° 38139. JP, publicado en la Gaceta del 28 de enero del 2014 se fundamenta en conformidad con lo establecido en las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad,( aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en el año 2008 ) se considerar en condición de vulnerabilidad a aquellas personas que por razón de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales se encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, condición que se ve agravada por la privación de libertad.

Siendo así que la Administración Penitenciaria debe impulsar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la efectiva igualdad de condiciones. Para la realización de los fines encomendados, la Dirección General de Adaptación Social cuenta actualmente dentro de su estructura con el Programa de Atención Institucional, el Programa de Atención Semi-institucional, el Programa en Comunidad y Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil.

En virtud de la necesaria atención a las mujeres con especificidad de género, se crea el Programa Nacional cuyo fin primordial es la atención de las condiciones particulares de la mujer, impulsando las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la efectiva igualdad de condiciones.

Última Fecha de Actualización:24/05/2018 12:00pm

El Nivel de Unidades de Atención Integral atiende, custodia y controla el plan de ejecución penal de las personas privadas de libertad, a las cuales se les llamará residentes, que cumplan con el perfil previamente definido por el Instituto Nacional de Criminología y que voluntariamente decidan participar de manera activa en este nivel. Su objetivo primordial será contribuir a la disminución del delito violento en el país.

Para garantizar plenamente los derechos humanos, en las Unidades de Atención Integral no se podrá sobrepasar la capacidad receptiva de residentes.

El principal fin de este nivel es disminuir el riesgo de reincidencia delictiva, ejecutando un modelo penitenciario que permita la inserción social, mediante una intervención profesional, integral, inclusiva y andragógica a la que la persona residente se somete de manera voluntaria.

También tendrá los siguientes fines:

• 1. Seleccionar, a partir de criterios establecidos por el Instituto Nacional de Criminología, personas privadas de libertad para que se ubiquen en el Nivel de Unidades de Atención Integral;
• 2. Implementar en las personas residentes un modelo de formación integral garante de los derechos humanos, que les posibiliten la inserción social;
• 3. Generar una oferta educativa, formativa, productiva y laboral que estimule el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas de las personas residentes de las Unidades de Atención Integral para su vida en libertad;
• 4. Implementar una buena práctica penitenciaria para el mejoramiento permanente de la calidad de vida de las personas residentes de las Unidades de Atención Integral;
• 5. Favorecer un trato digno a las personas residentes, bajo el principio de normalidad; y
• 6. Cualquier otro que favorezca la inclusión y la eliminación de formas estructurales de desigualdad social.

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